Atlantic City, no va más

La capital del juego agoniza. Este domingo cierra uno de sus casinos y lo harán dos dos más

“Llevo aquí 40 años, y este es el peor. En septiembre cierro y me voy a Florida. No hay nada que hacer. Aquí sólo hay casinos y una playa. La playa seguirá; los casinos… Ni yo me atrevo a adivinarlo”. La echadora de cartas Chanel Mitchell mata el tiempo con su iPad sentada en la puerta de su estudio esotérico del paseo marítimo de Atlantic City (Nueva Jersey). Esta cálida mañana de martes sólo un cliente ha requerido sus servicios. El suyo es uno de los muchos negocios que viven de los once hoteles casino de la ciudad. Pero el juego agoniza en Atlantic City.

Tres de los principales establecimientos echan el cierre en cuestión de días. El Showboat lo hará este domingo. El Revel, la joya del lugar, un espectacular edificio de cristal que costó 2.000 millones de dólares, lo hará el 2 de septiembre. El Trump Plaza tiene previsto suspender su actividad en un par de semanas. En total, más de 6.000 trabajadores a la calle una cuarta parte de la fuerza laboral del juego en la ciudad, que se suman a los del Atlantic Club, que pasó a mejor vida en enero. En los años 90 había 50.000 personas empleadas en los casinos. En la actualidad son la mitad, un retroceso tres veces superior al de cualquier otro sector del Estado.

El caso del Revel, el gran mamut del juego de la costa Este, es el más dramático. Impulsado por el Gobernador republicano Chris Christie para revitalizar la ciudad ante su imparable ocaso, fue inaugurado en 2012 tras una inversión descomunal. El gigantismo de su salones sólo es comparable con la desazón que produce verlos vacíos. En mayo se declaró en suspensión de pagos por segunda vez en su corta historia. Cada semana pierde dos millones de dólares. Su carísimo mantenimiento y la dura competencia de otro casino de lujo, el Borgata, lo hacen inviable. Nadie sabe qué hacer con el edificio. El alcalde, Don Guardian, cree que podría convertirse en una universidad.

Como si de un tsunami silencioso e invisible se tratara, casi todo en Atlantic City tiene aroma de fin de ciclo. Los comercios están casi vacíos, como las sillas frente a las tragaperras o las mesas de juego. En el paseo o boardwalk, apenas 20 chavales aguardan en la puerta del silencioso parque de atracciones, que abre solo por la tarde. Cerca, el Museo del Terror se apolilla bajo el calor y los empujadores indios de carritos para turistas charlan entre ellos sin clientes que cargar. “No hay gente. Y sin gente, esto se hunde”, comenta George, guardia de seguridad del Showboat, apostado junto al cartel que anuncia el cierre y recuerda a los clientes cómo retirar antes de hoy sus ganancias, ver reembolsadas las entradas para algún espectáculo o cambiarse a alguno de los otros tres hoteles que el grupo Caesars Entertainment tiene en la ciudad.

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El casino Revel, que costó 2.000 millones de dólares, cerrará en septiembre. /

David G. Schwartz, director del Center for Gaming Research de la Universidad de Nevada Las Vegas, considera que los motivos de la depresión de Atlantic City son dos. Uno es ajeno: la saturación de un negocio que se ha convertido en fuente de recursos para casi todos los Estados, con casi 1.000 casinos comerciales y concesiones al pueblo indio en todo el país, además del juego online. “Hay demasiada oferta. No hay nuevos mercados y en el noreste el 50% de la población vive a menos de 25 millas de uno. El problema de Atlantic City no es único”, explica Richard McGowan, profesor de economía de la Universidad de Boston y experto en la industria del juego. “Si puedes apostar cerca de tu casa, para qué vas a conducir dos horas”, señala Schwartz.

El otro motivo es un pecado propio. Atlantic City ha sido incapaz de conformar una oferta de ocio que completara las ruletas. “La gran lección que nos ofrece Atlantic City es que no se puede depender sólo del juego si quieres atraer turistas. En Las Vegas, por ejemplo, sólo el 50% de sus ingresos procede del juego. El resto lo aportan los espectáculos, las tiendas y los restaurantes”, añade McGowan. “Atlantic City tiene que ofrecer algo más, porque ya hay más sitios para jugar en la región”, corrobora Schwartz a este periódico.

Ese algo más ahora no existe. El autobús que llevó a EL PAÍS a la ciudad desde Nueva York llevaba sólo 16 pasajeros. Y un repaso a la oferta musical actual de algunos hoteles no es precisamente estimulante: Swon Brothers, Little Antony and the Imperials, The Cat Pajamas Vocal Band, The Temptations Review (featuring Dennis Edwards) y un nostálgico musical de homenaje a los Beatles.

Los casinos se aprobaron en los años setenta en Atlantic City con la esperanza de animar sus alicaídos hoteles. El Resorts se inauguró en 1978 y fue el primer casino legal en la costa este. En aquel tiempo, el juego estaba en Nevada y en Atlantic City. Cada lugar siguió un camino distinto. Mientras Las Vegas diseñaba un inventario de ocio variado para jugadores y turistas, Atlantic City se dedicó al monocultivo de la ruleta y no reinvirtió el dinero en sus habitantes. “Pusimos todos los huevos en una sola cesta. El 80% de nuestros ingresos ha procedido de los casinos. Fue un despropósito”, lamenta el alcalde.

Desde 2006, los casinos de Atlantic City han visto reducidos sus ingresos un 50%, según los datos del Center for Gaming Research. Los ingresos totales de los casinos de Nueva Jersey fueron el año pasado de 2.900 millones de dólares (en 2006 fueron 5.200 millones), una cifra similar a la conseguida en 1989. Si se descuenta la inflación, la fecha se retrasa a 1981, cuando había nueve casinos en lugar de los 11 actuales. “Todavía tenemos seis o siete casinos que ganan dinero”, afirma John Palmieri, director ejecutivo de la New Jersey’s Casino Reinvestment Development Authority. “Había 12. ¿Podemos sostener nueve? ¿Nos quedaremos con seis o siete? Esta es la cuestión”.

Uno de cada tres vecinos de Atlantic City vive por debajo del nivel de pobreza, lo que triplica la tasa de Nueva Jersey. El desempleo, del 13%, dobla la media de todo Estados Unidos. El paisaje de la ciudad no engaña. Un par de manzanas más allá del paseo marítimo, lejos de los neones, la música y los turistas, proliferan los prestamistas, las tiendas de licores y otros negocios de medio pelo. La criminalidad, seis veces superior a la del resto del Estado, hace que muchos visitantes no se alejen del paseo o que no salgan de sus hoteles.

El precio que ha pagado la ciudad por su apuesta a todo o nada es muy elevado, y algunos no lo olvidan. “Negocios que existieron durante años fueron expulsados de la ciudad. Los responsables de este desastre deberían ser expuestos en público por su negligencia e incompetencia. No hicieron lo que había que hacer por esta ciudad y por los miles de empleados que han perdido su forma de vida por culpa de este insidioso negocio”, declaró en la prensa local Warren Massey, antiguo responsable de vivienda de la ciudad. Como consolarse es gratis, algunos citan las devastadoras tormentas Irene en 2011 y Sandy en 2012 como causa de la decadencia de la ciudad. Pero todos coinciden en que lo peor ha sido la falta de previsión ante el avance de los casinos en otros Estados del Noreste.

Es el caso de Maryland, que abrió el Maryland Live Casino en 2012, mientras que Massachusetts legalizo este tipo de negocios en 2011. En Pennsylvania, donde los casinos comenzaron a funcionar en 2006, el juego ha aportado a las arcas del Estado unos 8.000 millones en impuestos y creado miles de puestos de trabajo directos: 16.000 en 2013. También se han abierto casinos en Delaware y Connecticut. Asimismo, los ciudadanos del Estado de Nueva York aprobaron la creación de nuevas licencias para casinos además de las ya existentes explotadas por tribus indias (se calcula que en 2015 abrirán cuatro establecimientos). “El problema de Atlantic City es que nunca ha sido una capital del juego como tal, a la que llegar en avión, como Las Vegas. Ha sido una capital regional, y cuando otros Estados vecinos han abierto su casinos, ha sufrido más que ninguna otra”, comenta a EL PAÍS el profesor McGowan.

En el mismo periodo, los establecimientos de Nevada han mantenido sus ingresos o incluso los han aumentado. Ningún casino indio tiene la oferta de Las Vegas ni unos precios tan competitivos, sobre todo cuando la competencia global se acentúa. El enclave chino de Macao, capital del juego en Asia, está experimentado un crecimiento muy rápido. El profesor Schwartz calcula que el total de recaudación anual de todos los casinos en Estados Unidos ronda los 70.000 millones de dólares. Macao, con 35 casinos, roza ya los 50.000 millones. “Mientras los casinos pueden proporcionar otras formas de entretenimiento, sobrevivirán. Dudo que los casinos vayan a sufrir el destino de las tiendas de vídeo Blockbuster”, asegura McGowan.

Aunque la crisis de Atlantic City no sea trasladable a Nevada, lo cierto es que aparecen síntomas de fatiga en el negocio en diversos puntos del país. Los cierres y reducción de ingresos también han golpeado en Misisipí, Misuri y Iowa. Algunos Estados se están replanteando sus decisiones al respecto. En Massachusetts, los votantes decidirán en noviembre si se deroga una ley de 2011 que legalizó los casinos. Sin embargo, incluso los analistas más pesimistas dicen que algunos casinos de Nueva York pueden cosechar grandes ganancias, en particular los que están cerca de la ciudad y de sus 50 millones de turistas al año. “Los nuevos objetos brillantes nos atraen a todos", señaló en la prensa Geoff Freeman, director ejecutivo de la American Gaming Association. “La pregunta es qué sucede cuando el cartel de Gran Apertura se retira”.

El realizador francés Louis Malle retrató en 1980, en su película Atlantic City, a una ciudad que abría espacios en su suelo para albergar futuros casinos. Pese a tratarse del momento fundacional de un futuro enclave del juego, el filme mostraba ya un ambiente deprimente en el que malvivían dos personajes interpretados de forma magistral por Burt Lancaster y Susan Sarandon. “Deberías haber visto el Océano Atlántico en los viejos tiempos”, le comenta Lancaster, en el papel de un viejo mafioso retirado, a su compañero de reparto Robert Joy mientras caminan frente a la costa. Los viejos y buenos tiempos de Atlantic City.

Más casinos en Nueva York

Los ciudadanos del Estados de Nueva York han aprobado recientemente la construcción de siete casinos en el Estado en los próximos años. Tres de ellos podrían ubicarse en el área metropolitana. Los sueños del gobernador demócrata Andrew Cuomo vislumbran cuatro hoteles casino abiertos a principios del próximo año, nuevos ingresos, miles de puestos de trabajo y una inyección revitalizadora para zonas deprimidas del valle del río Hudson . “Nueva Jersey tiene casinos, Connecticut tiene casinos, Pennsylvania tiene casinos. Nosotros tenemos la gente, una hemorragia de gente que cruza las fronteras para ir a jugar. Si tenemos nuestros propios casinos, el dinero se quedará en este Estado”, explicó Cuomo.

Pero los analistas, economistas y empresarios del juego advierten de que el negocio sufre los efectos de una dura competencia, si no saturación, incluso en el una vez rico mercado del Noreste. Los casinos de Atlantic City cierran y otros, como Foxwoods, en Connecticut, recortan sus gastos. La imagen del juego como un surtido seguro de dinero ha pasado a mejor vida. Nadie ve con buenos ojos los planes de Cuomo. “Ha llegado quince años tarde a la partida”, declaró Harold L. Vogel, un analista de la industria del juego.

Incluso la posibilidad de situar los establecimientos cerca de Manhattan ofrece alguna que otra duda, sobre todo por la proximidad de otros. Nueva Jersey, por ejemplo, planea abrir locales de máquinas tragaperras en Jersey City, al otro lado del río Hudson. La decisión de colocar los enclaves en zonas deprimidas, como los Catskills, es buena sobre el papel, pero los inversores prefieren zonas más desarrolladas. Por ejemplo, la perspectiva de un casino en Orange County, a menos de una hora de Manhattan, ha perjudicado la posibilidad de hacer otro en los Catskills, donde se veía como una vía de revitalización. Sólo tres competidores aspiran a la licencia en los Catskills; seis a la de Orange County.

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Atlantic City, no va más

La capital del juego agoniza. Este domingo cierra uno de sus casinos y lo harán dos dos más

VICENTE JIMÉNEZ Atlantic City 30 AGO 2014 - 17:44 CEST

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Patrimonio: con la Iglesia hemos topado - Javier Gilsanz

* NOTA DE VREDONDOF *- Escribe DON JAVIER (cerca del final) "Un debate pendiente, como tantos otros".Efectivamente chapuza .... mamoneo .... prevaricacion .... en fin, "UNA MERIENDA DE NEGROS" en toda regla.

Si Mendizábal pasó a los libros de Historia por quitar muchas propiedades a la Iglesia, Rajoy (y Aznar) pasarán por dejarles que registren miles de iglesias, ermitas, casas rectorales y otras propiedades, que mayoritariamente son de los pueblos. Una Ley que aprobó Aznar en 1998 permite a los Obispos registrar sus propiedades como si fueran notarios y ahora Rajoy ha aprobado otra Ley que les da un año más (todo 2015) para “rematar la tarea”.

Muchos alcaldes y plataformas cívicas han denunciado estos registros ante los tribunales (como la Mezquita de Córdoba), pero la mayoría los pierden por falta de documentos. Así, la Iglesia asentará su inmenso patrimonio (salvado en muchos casos por ayudas públicas), del que obtienen importantes ingresos. Y los pueblos perderán definitivamente la propiedad de iglesias, ermitas e inmuebles que ayudaron a levantar en su día. Entre tanto, sigue sin plantearse la financiación de la Iglesia católica, que recibe casi 6.000 millones del Estado. Son intocables.

enrique ortega

Históricamente, la Iglesia católica y las órdenes religiosas acumularon propiedades como fruto de donaciones, testamentos y abintestatos, consolidando el segundo mayor patrimonio de España (tras el Estado), con más de 100.000 inmuebles, miles de tierras, 22.859 iglesias, 860 monasterios y 540 santuarios, según datos de un reciente folleto de la Conferencia Episcopal. Hasta 1.861 no se crea en España el Registro de la Propiedad, aunque los bienes de la Iglesia, como los del Estado, no se solían registrar, porque todo el mundo sabía quién era el titular y no estaban en el mercado. Eso sí, a raíz de las desamortizaciones de los gobiernos liberales, en la primera mitad del siglo XIX (Mendizábal en 1836, Espartero en 1841 y Madoz en 1855), se hizo necesario que las diócesis elaboraran una relación de bienes exentos de la amortización, una especie de certificaciones de posesión que normalmente no se registraron.

Franco aprobó en 1946 una Ley Hipotecaria que transformó esas certificaciones de posesión en certificaciones de dominio, permitiendo que los Obispos actuaran como notarios: bastaba con su declaración, sin más pruebas, para que la Iglesia pudiera inscribir en el Registro bienes a su nombre. Así se “inmatricularon”(nombre que se da al primer registro) miles de propiedades, antiguas y nuevas (algunas “recuperadas” tras la Guerra Civil): casas rectorales, cementerios, huertos y tierras, almacenes, garajes… En 1998, el Gobierno Aznar extiende este privilegio de registro de la Iglesia a templos de culto: iglesias, ermitas, catedrales y mezquitas.

Y se abre una carrera en la que la Iglesia registra, con secretismo, miles de Iglesias y ermitas, junto a grandes propiedades, como la Mezquita de Córdoba(registrada en 2006), las catedrales de Pamplona (2007) o de Tudela y la catedral de Sevilla con su Giralda (2010). No hay una estadística de estas inmatriculaciones, porque el Gobierno Rajoy se ha negado a darla en dos ocasiones, pero algunas estimaciones hablan de que se han registrado 4.500 bienes, aunque más parece que podrían llegar a 10.000. Ahora, el Gobierno Rajoy ha aprobado en abril de 2014 una reforma de la Ley Hipotecaria que, cuando salga del Parlamento (a finales de año, como pronto) dará a la Iglesia un año más de plazo (todo 2015) para “rematar la faena”, para acabar de registrar propiedades sin necesidad de documentos, sólo con su palabra.

La decisión de Rajoy (y antes de Aznar) ha multiplicado las demandas en los Tribunales de miles de alcaldes, que reivindican la propiedad municipal de Iglesias, ermitas, catedrales o inmuebles que gestiona la Iglesia. Pero la mayoría pierden los juicios, por falta de pruebas al no quedar documentos de un patrimonio levantado hace siglos. Es el caso de este alcalde (del PP) de Aldeanueva del Codonal, un pueblo de Segovia de 130 habitantes, al que el juez le ha rechazado la demanda contra el Obispado por registrar la Iglesia y la ermita, construidas en su día por el pueblo (lean aquí su carta abierta al Obispo). Tampoco avanza la Plataforma en defensa de la Mezquita de Córdoba, con 366.000 firmas de apoyo para que vuelva a ser de propiedad pública, que ha visto como la Dirección General del Patrimonio (Hacienda) daba en mayo la razón a la Iglesia ante una denuncia de un particular. Eso sí, están dispuestos a llegar al Tribunal Europeo de Estrasburgo, apoyados en juristas que opinan que las inmatriculaciones sonanticonstitucionales: entran en colisión con los principios de “igualdad ante la Ley” y “aconfesionalidad” que defiende la Constitución.

La Iglesia argumenta que lleva siglos cuidando de este patrimonio. Y tienen razón. Pero también es verdad que una gran parte del patrimonio que gestionan se ha rehabilitado gracias a ayudas públicas que hemos pagado entre todos. Es el caso de los más de 100 millones de euros públicos invertidos en los Planes nacionales para rehabilitar 90 catedrales o el Plan nacional de Abadías, Monasterios y Conventos, al que se han dedicado otros 100 millones en diez años. Y luego, la Iglesia recauda mucho dinero con las visitas a estos monumentos (8 millones anuales con la Mezquita de Córdoba), con diversos negocios, desde alquileres de casas a residencias, albergues, hoteles y restaurantes. Dos ejemplos solo en Segovia: el Hotel en el Convento de San Antonio el Real y el restaurante dentro del Palacio Episcopal (marisco con indulgencias...). Eso sí, cuando el patrimonio está en ruinas, entonces no se preocupan de registrarlo: en 2012, el arzobispado navarro devolvió al pueblo de Leoz tres iglesias medio derruidas.

Mientras la pelea por la propiedad de edificios religiosos sigue en cientos de pueblos, se plantea la polémica de las cuentas de la Iglesia católica en España. En 2012, el debate saltó porque la Iglesia no pagaba el IBI, un impuesto municipal con el que se ahorraban unos 100 millones de euros anuales. Al final, el Tribunal Constitucional avaló en diciembre la exención del IBI, exigido por muchos Ayuntamientos, incluso del PP. La Iglesia tiene también otros privilegios fiscales, avalados por el Concordato de 1953 y los Acuerdos con la Santa Sede de 1979: exenciones en el impuesto de plusvalías, en sucesiones y transmisiones patrimoniales y en el pago de las licencias de obras municipales (ICIO).

En paralelo ha saltado el tema de la financiación de la Iglesia en España, donderecibe unos 5.800 millones anuales del Presupuesto. La menor parte (250 millones) es el dinero que los contribuyentes católicos (7,4 millones) marcan en su casilla del IRPF, algo que no pueden hacer los creyentes de otras religiones. Otros 700 millones son los sueldos del Estado a los profesores de religión. Luego está el pago a los capellanes en instituciones públicas (25 millones), ayudas a ONGs (91,3 millones a Cáritas y Manos Unidas), el coste de la sanidad a los religiosos (700 millones), la rehabilitación del patrimonio de la Iglesia (13 millones) y, sobre todo, los 4.000 millones destinados a financiar la enseñanza religiosa concertada(1.434.524 alumnos), que si no tendría que impartir la enseñanza pública. La polémica es si todo este dinero tiene que salir del Presupuesto o si la Iglesia católica debe autofinanciarse, como hace en Alemania y muchos países. Un debate pendiente, como tantos otros.

Al final, los impuestos y la financiación de la Iglesia es un debate recurrente,que no debe hacernos olvidar la cuestión más urgente: si se permite a la Iglesia católica registrar sus propiedades sin más, sin documentos, por ser vos quien sois. Y si se les da otro año largo para que legalicen el expolio de bienes públicos, de un patrimonio levantado con el esfuerzo de pueblos y ciudades. No se trata de poner en cuestión que la Iglesia gestione este patrimonio, sobre todo el vinculado a los cultos religiosos. Lo que se debate es si los ciudadanos tienen que perder la propiedad de un patrimonio levantado con su dinero. Y si una parte al menos de los ingresos que reporta este patrimonio no deben ir a los ciudadanos más necesitados.

No se trata de volver a desamortizar a la Iglesia católica ni de poner en cuestión que gestionen iglesias, ermitas o catedrales. El tema de fondo es que en un país laico, la justicia y el Registro de la Propiedad debe ser igual para todos, sin privilegios para que los Obispos. Y que no pueden expoliar una propiedad pública, levantada con el esfuerzo de todos. Que den misa, que cultiven la oración y la meditación, que ayuden a los demás, pero sin quedarse con nuestro patrimonio. Es inmoral.

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Soy un periodista económico que se inició en el periodismo en 1974 y que ha trabajado en periódicos, revistas, Internet, Comunicación corporativa y sobre todo en televisión: 11 años como jefe de Economía de los informativos de TVE (1985-1996) y tres años como jefe de Economía de Tele5 (1987-2000). Doctor en Periodismo, fue director del primer Master de Periodismo Económico en la Facultad de Periodismo de la Complutense y ha dado clase en numerosos Máster de Periodismo.

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